A caracterização do direito à cidade como um direito coletivo

Abstract

Esta investigación tiene como objetivo exponer los aspectos jurídicos y sociológicos que relacionan el derecho a la ciudad en los actuales problemas urbanos. Sólo podemos hablar de ello si relacionamos la forma de cómo el territorio urbano se planeó con el cuidado de la calidad de vida y el bienestar de los habitantes. La historia ha demostrado que el período moderno permitió el desmantelamiento de las consideraciones clásicas inherentes a las ciudades, cuyo golpe fue el fin de permitir que la privatización y la cultura individualista conviertir la propiedad privada urbana en un derecho absoluto. El territorio urbano tiene a ser utilizado como una mercancía, donde a partir de las políticas económicas eminentemente, iba a ser dejado de lado el interés de la comunidad. Con la llegada constitucional de 1988 existía la posibilidad de una implantación da función social de las ciudades, a un derecho colectivo a la ciudad social y ambientalmente sostenible, pero no se dejó la posibilidad de plena eficacia administrativa y judicial en el ordenamiento jurídico brasileño. La forma y los mecanismos del sistema actual en relación con la ciudad son de profundas incompatibilidades con su verdadera naturaleza y la propiedad. Es a partir de la construcción de un nuevo paradigma legal que busca elevar el derecho a ciudad a la categoría de un “nuevo" derecho. El objetivo es defender la indivisibilidad y la desfragmentación del derecho a la ciudad, de modo que pueda ser practicado no apenas por políticas públicas exclusivamente del estado, pero también teniendo en cuenta la posibilidad de suplantación de identidad y autonomía de un sujeto colectivo. Aún así, para superar el hecho de que es un declarado derecho y no pagado, también es necesario crear mecanismos específicos para la protección de este "nuevo" derecho colectivo a ciudad, en el sentido de que la participación o manifestación popular, identificado como un sujeto de derecho procesal (legislativo, judicial o administrativo dirigido por la autoridad pública), pueden ser el sello a Gobierno para la aplicación efectiva de un nuevo derecho a la ciudad como un derecho colectivo.